Los recientes anuncios del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, han suscitado un importante debate sobre la política fiscal inmobiliaria del país. Entre las propuestas más controvertidas se encuentra la posible aplicación de un
Actualmente, la propuesta forma parte de un plan más amplio de 12 pasos presentado por Sánchez. Sin embargo, sigue en sus primeras fases y aún no se ha presentado al Parlamento. Dado que el partido socialista de Sánchez está en minoría en el parlamento, la probabilidad de que se apruebe la medida es escasa. Además, la propuesta se enfrentaría a desafíos legales debido a conflictos con la legislación española sobre el impuesto de bienes inmuebles y la normativa de la Unión Europea.
El principio de «libre circulación de capitales» de la Unión Europea se aplica no sólo dentro de los Estados miembros de la UE, sino también a las transacciones con terceros países. Esto hace improbable que se mantenga una restricción tan drástica de
Además, cualquier cambio en el impuesto sobre la adquisición de vivienda para los residentes extracomunitarios en España implicaría políticas fiscales regionales. Por ejemplo, Andalucía, una comunidad autónoma, ya ha expresado su oposición a la propuesta. La resistencia regional podría complicar aún más la aplicación de un impuesto de este tipo, poniendo de relieve el carácter fragmentado de las políticas fiscales sobre la vivienda en España.
Si se aplica, la propuesta podría tener profundos efectos en el mercado inmobiliario español para los compradores no comunitarios. La medida disuadiría las inversiones inmobiliarias de no comunitarios en España, lo que podría provocar un descenso de la inversión extranjera. Sin embargo, como la probabilidad de que se apruebe sigue siendo baja, los residentes extracomunitarios interesados en comprar inmuebles en España pueden seguir navegando por el mercado con arreglo a la normativa fiscal vigente para la compra de viviendas.
Por ahora, la declaración de Sánchez es sólo una propuesta. Los obstáculos legales, la resistencia regional y la alineación con las leyes de la UE hacen que su aplicación sea muy improbable. Quienes estén pensando en comprar una vivienda en España como residentes extracomunitarios pueden respirar tranquilos, al menos por ahora.
Mientras continúa el debate, es esencial mantenerse al día sobre los posibles cambios en la normativa inmobiliaria española para los ciudadanos de fuera de la UE y las implicaciones más amplias para las políticas fiscales que afectan a los compradores de vivienda de fuera de la UE en España.
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